Narcomilitares y crisis de derechos humanos apresan a los venezolanos

Tres entes internacionales, de incuestionable credibilidad, se pronunciaron este jueves sobre la caótica situación de Venezuela en torno a asuntos cruciales, en los que realzan la penetración del narcotráfico en las fuerzas armadas y la degradación de Venezuela en derechos humanos fundamentales, como el acceso a la alimentación, medicinas y a la justicia. La JIFE y la comisión para los DDHH, ambas adscritas a la ONU, así como Amnistía Internacional (AI), señalan al régimen de Nicolás Maduro de perpetrar graves delitos contra la sociedad venezolana.

“Hay indicios de que, en la República Bolivariana de Venezuela, los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el ‘Cártel de los Soles’ para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales”, señala la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe anual difundido este jueves en Viena, según cita la agencia de noticias EFE. 

“Ese órgano independiente, integrado en el sistema de la ONU, hace esa mención al señalar en su reporte de 2019 que los grupos delictivos organizados «han transportado grandes cantidades de drogas ilícitas a Europa y los Estados Unidos desde Colombia, pasando por la República Bolivariana de Venezuela (...) los grupos delictivos organizados controlan los puertos marítimos y utilizan aeronaves ligeras, con las que realizan vuelos ilegales”. 

EFE apunta que “Estados Unidos también ha relacionado con el tráfico de drogas al actual vicepresidente económico Tareck El Aissami («prominente traficante de drogas», señaló la OFAC) y al dirigente oficialista Freddy Bernal, vinculado con la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)”. 

Por su parte, agencias informativas destacaron que la alta comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, habló este jueves sobre las actividades de su oficina en Venezuela, y adelantó que el próximo 10 de marzo abordará la situación de los DDHH, tras dos informes pasados que revelan la violación de los derechos fundamentales en el país. 

Bachelet señaló que fue presentado ante el Comité de Coordinación, más de 130 casos de presuntas violaciones a los DDHH de los presos. Afirma que dicho comité es un “mecanismo de protección inter-institucional establecido en conjunto con mi oficina”. 

A su vez, en su informe anual sobre Venezuela, correspondiente al 2019, Amnistía Internacional (AI) expone en su sitio web que este país “seguía atravesando una crisis de derechos humanos sin precedentes. Continuaron las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza y los homicidios ilegítimos por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de una política de represión para silenciar la disidencia. La crisis política e institucional se agravó en los primeros meses del año, lo que dio lugar a un aumento de las tensiones entre el poder ejecutivo, en manos de Nicolás Maduro, y el poder legislativo, liderado por Juan Guaidó. Las autoridades respondieron a la creciente protesta social con una amplia variedad de violaciones de derechos humanos y una intensificación de la política de represión. Se sometió a presos y presas de conciencia a procesos penales injustos. La libertad de reunión y de expresión siguió bajo amenaza constante. Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrían estigmatización y afrontaban cada vez más obstáculos para desempeñar su labor”. 

AI señala que “Los sospechosos de responsabilidad penal por delitos de derecho internacional —algunos de los cuales podían constituir crímenes de lesa humanidad— y violaciones de derechos humanos gozaban de una impunidad casi absoluta, lo que daba lugar a una falta de confianza en el sistema judicial. Varias personas civiles estaban siendo juzgadas por tribunales militares. La injerencia en la independencia del poder judicial seguía siendo práctica habitual, y el aislamiento respecto de los foros regionales de derechos humanos dejó a las víctimas de violaciones de derechos humanos con pocas vías para obtener justicia”. 

“Las autoridades se negaron a reconocer –fustiga AI- la verdadera magnitud de la emergencia humanitaria y del deterioro de las condiciones de vida. La población sufrió severas situaciones de escasez de alimentos, medicinas, suministros médicos, agua y electricidad. Al concluir 2019, la cifra total de personas que habían abandonado el país en busca de protección internacional había alcanzado los 4,8 millones”. 

AI reconoce que la labor de la alta comisionada para los derechos humanos y la supervisión del Consejo de Derechos Humanos “constituyeron hitos para la adopción de una Misión de Determinación de Hechos para investigar las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes ocurridos desde 2014, con miras a garantizar la plena rendición de cuentas de los perpetradores y justicia para las víctimas”. 

A la luz de estos organismos veladores de los derechos humanos en el mundo, se está en presencia de un régimen mafioso y criminal con un alto desprecio por el bienestar de sus gobernados, rehenes estos de una casta de forajidos sin ningún tipo de escrúpulos con tal de perpetuarse en el poder.




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