Zulia es prioridad: presentan proyecto para solventar emergencia eléctrica

El Grupo de Boston, instancia integrada por diputados y exparlamentarios de la oposición y el oficialismo, fundado en 2002, presentó a la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN), un proyecto “Mecanismo de Apoyo Humanitario ante la Emergencia del Sector Eléctrico”, elaborado por un sector de la sociedad civil.

Según el texto entregado al Poder Legislativo  el proyecto consiste “en un mecanismo excepcional de préstamo especial solicitado al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), con ejecución y administración de Naciones Unidas a través del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). El objetivo del mecanismo es solventar, a corto plazo y de manera parcial la situación de emergencia que atraviesa el país en materia eléctrica, particularmente en los estados más afectados”.

Los estados que tendrían prioridad serían Zulia, todos aquellos que conforman el Sur Occidente del país, Nueva Esparta y Caracas. El monto para la ejecución del proyecto asciende a los 350 millones de dólares.

“El proyecto incluye además la dotación de plantas de emergencia para hospitales tipo 1 y aquellos hospitales con alta demanda, así como la rehabilitación de circuitos y servicios auxiliares de las subestaciones que alimentan a los hospitales seleccionados”, precisan.

Incluyen un presupuesto de asistencia técnica que conduzca a lograr el cambio de voltaje de 115 Kilovoltios a 230 Kilovoltios del cable submarino de Chacopata-Margarita y en el Zulia el desarrollo de ingeniería e inspección técnica para la instalación del cable seco de Maracaibo.

El Grupo de Boston propone como un “eje transversal” para la ejecución del proyecto el reconocimiento y ejercicio de la Contraloría Social,  aspecto fundamental que reconoce la participación activa de la ciudadanía. “En ese sentido, a los fines de garantizar ese ejercicio, se debe crear en el tiempo requerido las instancias donde se garantice la participación de los actores sociales; sin menoscabo de la acción contralora del Estado”.

El proyecto define las obligaciones de la Junta Directiva, entre las que se encuentran “la toma de decisiones gerenciales, aprobación de cambios de alcance y ajustes del presupuesto, proporcionar, proporcionar dirección sobre ejecución del proyecto de ser requerido, el abordaje de riesgos y problemas específicos durante la ejecución del proyecto". "También deben elaborar informes periódicos sobre la marcha del proyecto, emitir recomendaciones para asegurar el logro de los objetivos establecidos y finalmente la verificación y aval de planes de trabajo anual”, añade.

Reiteran que el proyecto será administrado por el PNUD, que estará a cargo de la adquisición de los equipos necesarios, así como la contratación de ingeniería, bienes y servicios, construcciones, consultorías y demás actividades requeridas o convenientes para el desarrollo del proyecto.

En su apartado final, el proyecto solicita a la Asamblea Nacional la aprobación de una “Ley Aprobatoria del Mecanismo Humanitario ante la Emergencia del Sector Eléctrico”, advirtiendo que la solicitud de crédito a la CAF solo tiene vigencia por este año.

Fuente: 800noticias.com, www.hispanopost.com  

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