El mundo se enteró del desprecio de Maduro a los derechos humanos
El documento de 18
páginas recoge 558 entrevistas con víctimas y testigos de DDHH en Venezuela y
otros 8 países; allí se afirma que en los últimos diez años –especialmente
desde el 2016- el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha
una estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la
oposición política y a quienes critican al Gobierno".
Para ello, dispone de
leyes, subterfugios legales, políticas y prácticas que cercan el espacio
democrático, como el acorralamiento a la Asamblea Nacional para que no ejerza
control sobre el poder ejecutivo, restricción de los medios de comunicación y
permitir graves violaciones de derechos humanos. Asimismo, se realza la falta
de alimentos, la desnutrición generalizada y la escasez de insumos en los
hospitales.
En el trabajo, también
se destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la
población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales
en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.
"Durante mi
visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido
víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He
transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como
las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las
autoridades competentes", declaró la Alta Comisionada Bachelet.
"Un sacerdote
católico me dijo en Caracas: 'No se trata de política, sino del sufrimiento de
la gente'. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones
internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que
todo venezolano tiene derecho", explicó Bachelet.
Represión, ejecuciones y falta de alimentación
La ex mandataria chilena,
además, apunta contra los grupos armados civiles del chavismo conocidos como
"colectivos", y afirma que "han contribuido al deterioro de la
situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las
manifestaciones". El informe asegura que la Oficina para los DDHH de la
ONU ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo
de 2019, de las cuales 52 "son atribuibles a las fuerzas de seguridad del
Gobierno o a los colectivos".
"La proporción
de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de
seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de
las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada", denuncia el
informe. En 2018 el régimen de Maduro registró 5.287 muertes, supuestamente por
"resistencia a la autoridad", en el curso de esas operaciones. Entre
el 1 de enero y el 19 de mayo, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según
las estadísticas del propio chavismo. Sin embargo, señala el documento, "otras
fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores".
“Hasta el 31 de mayo
de 2019, había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad", señala Bachelet, entre ellas 58 mujeres, y en lo que
va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su Presidente, han
sido despojados de su inmunidad parlamentaria. "La mayoría de las víctimas
de vulneraciones de derechos humanos no han tenido acceso real a la justicia ni
a una reparación adecuada", acota la comisionada.
“El Estado incumple
su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención
sanitaria". La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más
alto "se han traducido en un número menor de comidas con menos valor
nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente
adversa sobre las mujeres, algunas de las cuales informaron de que, en
promedio, pasaban 10 horas al día en las colas para comprar alimentos".
"La situación
sanitaria del país es grave: los hospitales carecen de personal, suministros,
medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos",
confirma la ex presidente chilena que en el informe cita a la Encuesta Nacional
sobre Hospitales de 2019, que llegó a la conclusión de que, de noviembre de
2018 a febrero de 2019, hubo en los hospitales 1.557 muertes por falta de
suministros.
Sobre la libertad de
expresión, el informe señala que "el espacio para los medios de
comunicación libres e independientes se ha reducido", mediante la
prohibición o la clausura de medios de comunicación, y la detención de
periodistas independientes. "En los últimos años el Gobierno ha tratado de
imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos
y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes".
Bachelet no dejó
pasar la situación del éxodo venezolano, al asegurar que el número de personas
que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado dramáticamente desde
2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019. Colombia acoge
la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, la Argentina, Ecuador y
el Brasil.
El informe de la
Oficina advierte que, si la situación no mejora, continuará el éxodo sin
precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las
condiciones de vida de quienes permanecen en él.
Cuestionó que el Gobierno se negó a reconocer la magnitud
de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. Por eso lo instó a adoptar de inmediato acciones específicas para detener y remediar
las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y
culturales que se han documentado en el país.
La reacción del
régimen de Maduro fue cuestionar el informe al calificarlo de tener una visión
“parcializada y distorsionada” de la realidad del país, además de insistir de
que “no hay presos políticos en Venezuela”; sin embargo, horas después, mandó a
excarcelar a 22 personas, entre ellas a la jueza María Lourdes Afiuni, una
presa del extinto presidente Chávez a quien la mandó a detener por su decisión
de liberar al empresario Eligio Cedeño, acusado de presunta corrupción.
Y es que finalmente todo
quedó despejado y en su justo lugar, luego del zafarrancho armado con la visita
que hiciera a Venezuela la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Michele Bachelet, entre el 19 y 21 de junio pasado. El
régimen sonriente la recibió con toda la dignidad de su cargo y se ufanaba de que
la llegada de Bachelet fue gestionada por instancia gubernamental. Sectores adversos
al madurismo tenían reservas sobre la imparcialidad de la expresidenta chilena
y hubo quienes la consideraron aliada del gobierno; otros, no obstante, le
dieron su apoyo.
Una cosa es evidente:
Maduro quedó "desnudo" ante los ojos del mundo.
Con información de Infobae.
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Reviewed by Alejandro Domecq
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16:37:00
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