TSJ en el exilio “ordena” prisión preventiva contra Maduro y pide a la AN autorizar el proceso

El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio decidió este 9 de abril que existen suficientes elementos para iniciar un proceso penal contra el mandatario Nicolás Maduro, por estar inmerso en supuestos actos de corrupción debido a los negocios que habría contraído con la constructora brasileña, Odebrecht, y además, decretaron la prisión preventiva para el jefe de Estado, orden que debería ser acatada por las Fuerzas Armadas.

Desde Bogotá, donde esa instancia considerada “írrita” por parte de las autoridades venezolanas, decidió además emitir una notificación roja para Interpol con el fin de que incluya a Maduro en la la lista de detenciones en el extranjero.

Además, notificó su decisión a la Asamblea Nacional, que en la actualidad tiene mayoría opositora, para que admita la realización del juicio político contra el gobernante venezolano.

En marzo, el “TSJ legítimo” indicó que durante el gobierno del ex presidente Hugo Chávez, en el que Maduro era canciller, se hicieron contrataciones con la constructora por una suma de 2.500.000 de dólares.

El pasado 3 de abril, se convocó a Nicolás Maduro a comparecer ante esa instancia para atender una querella presentada por la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien presentó pruebas sobre la supuesta vinculación del actual mandatario en supuestas irregularidades relacionadas con la constructora Odebrecht.

Recientemente, el medio brasileño Estadão aseguró que el gobernante venezolano ordenó pagar $4.000 millones a Odebrecht tras ser electo.

De igual forma, se asevera que tuvo acceso a documentos que demuestran que la compañía brasileña dio $35 millones para la campaña a cambio de que el mandatario liberara pagos pendientes.

Luego de que Pedro Pablo Kuczynski fuera destituido por parte del Congreso de Perú por el mismo caso, Maduro pidió de nuevo a los gobernadores y alcaldes del país que completaran las obras inconclusas de Odebrecht.

El Caso Odebrecht es una investigación iniciada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y que fue publicada el 21 de diciembre de 2016 sobre la constructora brasileña Odebrecht.

En la misma se detalla que esa empresa habría realizado coimas de dinero y sobornos, a funcionarios del gobierno de 12 países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas, según Wikipedia.

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