¡TODO ES LEGÍTIMO! AN y TSJ en el exilio abonan terreno jurídico para la nueva Venezuela libre y democrática

Parece que estuvieran “jugando” a gobernar, pero no es así, pues se supone que Venezuela, descarrilada del hilo constitucional desde poco después de diciembre de 2015, de una forma u otra debe regresar al hilo constitucional acoplada de nuevo a los rieles de la democracia y el respeto por la Constitución y las leyes y la sana convivencia social y política que redunde en una necesaria y urgente transformación económica y para ello, la Asamblea Nacional (AN) y el nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cuyos magistrados están ejerciendo en condición de exiliados están construyendo las bases jurídicas para cuando llegue el momento.

Así lo consideran varios expertos. En opinión del Abogado litigante, especialista en Derecho Procesal Penal y Civil y Derecho Constitucional con Diplomado en Litigación Penal Internacional, Carlos Ramírez López, el exilio no es un escenario nuevo de lucha en Venezuela. Desde El Libertador Simón Bolívar, para acá muchos políticos y hoy artífices de una de las más sólidas democracias antes de la era Chávez-Maduro, se han exiliado y desde esa figura han fraguado la lucha y las bases políticas y jurídicas determinantes en la construcción de una República vivible.

Así quedó conformada la Asamblea Nacional desde el año 2015, electa con el voto popular y refrendada por el Consejo Nacional Electoral, que luego de la trampa montada por el Gobierno y sus diputados minoritarios se retractó y falló en contra de los diputados de Amazonas, a quienes despojaron de su investidura. 

El también columnista asegura que Venezuela hoy no es una República vivible: “Los magistrados obligados al exilio reafirmaron sus compromisos de impartir justicia contra todas las dificultades que les atormentan y eso se ha estado concretando. El antejuicio a Maduro recientemente celebrado en Bogotá es una muestra y todos esos actos tendrán validez cuando al país regrese el orden y el respeto íntegro a la Constitución y para eso, desde el exilio y desde la esfera internacional se están generando las condiciones para que eso ocurra lo antes posible”.

Sobre estos diputados del estado Amazonas recayó el montaje fraguado por la Fracción Parlamentaria Chavista, encabezada por Pedro Carreño para así tener como despojarlos de su investidura para evitar la mayoría calificada obtenida en votos y luego decretar, desde un TSJ también ilegítimo la figura del "desacato" que anula, a los efectos del Ejecutivo, los poderes de la Asamblea Nacional vigente.

Un antecedente similar

El jurista recuerda al detalle que “cuando las fuerzas aliadas acabaron con el Estado nazi tomando Berlín, nadie sabía cómo se restablecería la legalidad democrática ni cómo se castigaría a los autores del genocidio, pues la Constitución prohibía los tribunales de excepción así como también la imposición de penas por hechos anteriores a la norma (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege), se trataba de una situación excepcional que, como tal, no estaba prevista en ningún texto legal y por el contrario su juzgamiento y castigo iría directamente en contra de normas y principios de profunda raigambre jurídica, como el enjuiciamiento por un tribunal creado específicamente para el caso”.

“El dilema entonces –añade el abogado- fue ¿reinará la impunidad o pasamos por encima de esos principios y ajustamos la situación a la necesidad de justicia? Se hizo esto último, se inventó un tribunal especial para juzgar los hechos ya ocurridos y la participación de los jefes militares nazis. Estados Unidos, URSS, Reino Unido y Francia suscribieron la Carta de Londres o ‘Acuerdo para la creación de un Tribunal Militar Internacional’ que estableció cuatro nuevos tipos delictivos: conjura o conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Además, se autorizó la creación de otros tribunales nacionales de naturaleza similar”.

Con sonrisa burlesca, la minoría parlamentaria chavista ahora pasó a ser parte de la ilegítima Asamblea Constituyente y algunos pasaron de constituyentistas a gobernadores de estado en otras criticadas elecciones regionales.

Ramírez López sostiene que “este juicio terminó al dictarse las sentencias que fueron desde prisión limitada hasta cadena perpetua, hubo absoluciones y pena de muerte en la horca. Esta experiencia y otra similar que corrió en paralelo, la del Tribunal Penal Militar Internacional en Tokio, además de hacer justicia sirvieron como precedente para la creación de la Corte Penal Internacional y tribunales penales internacionales en la ex Yugoslavia, Ruanda, etc”.

“Lo que quiero transmitir –enfatiza- con estas evocaciones es que no es una extravagancia la experiencia creativa que se está intentando con nuestro TSJ en el exilio; cierto que es la primera vez en el mundo, pero cierto también que las respuestas excepcionales a hechos excepcionales son admisibles en todo acontecer humano, incluyendo el tema de la justicia”.

¿Segunda declaración de independencia?

El doctor consultado así lo sugiere y es que el TSJ en el exilio ha comenzado sus funciones y lo ha hecho con apoyo de importantes países del hemisferio incluyendo Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE) un respaldo suficiente para legitimar los actos.

“Urge sentenciar el abandono de cargo de Maduro, así calificado por la Asamblea Nacional (AN) la nulidad y criminalidad de convocatoria a constituyente que hizo Maduro siendo ya ex presidente y todos los actos dictatoriales que consecutivamente se vienen practicando en interminable labor de destrucción del sistema democrático”.

Ramírez insiste en que “urge una decisión sobre la usurpación que ejercen las personas que en Venezuela están fungiendo como magistrados dictando aparentes sentencias constitucionales que llegan al extremo de pretender asumir funciones de la Asamblea Nacional aprobando sumariamente y sin atribución alguna contratos de interés nacional, e incluso dando visto bueno a espurios decretos de emergencia con los que el expresidente Nicolás Maduro ejerce más dominación y control sobre bienes y servicios a su antojo y creando figuras falsas para validar la galopante corrupción como las criptomonedas y otras medidas desquiciadas en su afán de perpetuidad”.

Todo encaminado

Para la politólogo Migdalia Fernández es cuestión de tiempo: “Todo lo que está bajo el marco estructural de la Ley, desde la Constitución para abajo, tiene plena validez. Que alguien me explique ¿cuál régimen dictatorial respeta constituciones y leyes democráticas? ¿Cuál régimen dictatorial obedece a las disposiciones que en el marco de la ley establecen los poderes democráticamente constituidos y amparados en el máximo texto constitucional? Esa es la razón por la cual aún reina la anarquía y el descarrilamiento del país de la constitucionalidad, pero poco a poco, bajo el camino diplomático y democrático el río vuelve a su cauce”.

Este personaje nefasto se convirtió en el único, plenipotenciario y magnánimo interprete de la Constitución Nacional y todos sus alegatos han sido admitidos por el TSJ depuesto por la AN vigente, incluyendo el alegato de "locura" con el cual despojaron ilegítimamente de su cargo a la fiscal Luisa Ortega Díaz.

Fernádez advierte: “No podemos caer en el horror histórico de pretender que a través de un golpe de Estado militar, Venezuela va a recuperar su constitucionalidad y su talante democrático, recuerden a Hugo Chávez, un militar golpista que solo llegó al poder por elección popular para masacrar los preceptos sagrados de la democracia conquistados luego de la gesta del 58. Una de los encauces más urgentes para nuestra nación es que el espectro militar en Venezuela vuelva a las estrictas funciones que la Constitución vigente establece y que son muy claras”.

“Tanto la AN –puntualiza la docente- elegida democráticamente con la abrumadora mayoría del voto popular y respaldada por un bajo nivel de abstención, como la magistratura emanada de este organismo deliberante aún en el exilio, tienen plena validez ante el precepto democrático, ante el mundo y ante la propia nación. El hemisferio está abonando el terreno para que la dictadura caiga en Venezuela y el día que eso ocurra ya habrá sentencias, leyes y dictámenes adelantados y eso generará el piso jurídico sobre el cual construir la nueva nación independiente que anhelamos todos”.

La chavista fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, sigue siendo según la Constitución y las leyes venezolanas la Fiscal General legítima del país, destituida bajo el causal de "locura" al establecer una clara postura en contra de los abusos del régimen de Nicolás Maduro y exponer todos los alegatos que la asisten. Presentó recientemente pruebas contundentes en contra de Maduro y su régimen y solicitó orden de aprehensión contra éste y otros funcionarios incursos en la trama corrupta más grande de la historia venezolana.

Tanto Fernández como Ramírez López afirman que Luisa Ortega Díaz sigue siendo la fiscal general legítima de Venezuela, la Asamblea Nacional y sus 112 diputados es el parlamento legítimo de Venezuela, los magistrados juramentados por la AN vigente gozan de plena legitimidad de hecho y de derecho y por consiguiente los magistrados destituidos son ilegítimos, como ilegítimas sus sentencias fuera de Ley y como ilegítima la Asamblea Constituyente y todos sus actos, decretos y documentos.

Santiago de León

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