La imagen del TSJ sigue deteriorada por sus golpes a la AN

Los ojos del mundo se posaban en Venezuela hace exactamente un año, ya que el país comenzaba a vivir una nueva ola de protestas en rechazo a las setencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y las cuales prácticamente liquidaron a la Asamblea Nacional, quien había estado controlada por la oposición desde finales del 2015. Se conoce que el juzgado se apresuró a realizar la modificación ante la reacción internacional, para tratar de hacer ver que “el parlamento no había sido disuelto". En la actualidad esa rama del Poder Público sigue sin la posibilidad de ejercer sus potestades. 

En el dictamen Nº 155 se dejó sin inmunidad a aquellos diputados que respaldaron el acuerdo y en el cual se saludaba la decisión de la OEA, de aplicarle al país la Carta Democrática, mientras que en la sentencia Nº 156, la Sala le arrebató a los diputados todas las facultades como aquella que les permitía darle el visto bueno al Gobierno para la creación de empresas encargadas de explotar recursos naturales en el territorio nacional con capitales privados extranjeros . 

Horas posteriores, la instancia aparentó haber dado marcha atrás al dictar dos aclaratorias las cuales provocaron que desde la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y países de Latinoamérica se hablara de “golpe de Estado”, quienes estaban avalados por el pronunciamiento de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, la cual consideraba que había una “ruptura del orden constitucional”. 

“Los problemas, distorsiones y abusos contra los Derechos Humanos de los venezolanos y la mínima existencia de democracia que podía reconocerse luego de la elección legislativa de 2015, no ha cesado, pues de facto, la AN terminó de ser desconocida por el resto de los órganos del Estado venezolano que obedecen al régimen de (Nicolás) Maduro, lo que ha facilitado sobre todo el proceder inconstitucional y delictivo, insisto en esto, delictivo, del Ejecutivo en materia de contratación, endeudamiento, política monetaria, creación de empresas mixtas y en general del manejo de la economía, ya que no hay ningún control sobre lo que hace en esas materias. Recordemos que esas decisiones políticas del TSJ tenían justo esa finalidad, anular por completo el control político de la AN sobre el Ejecutivo, para que en el exterior, chinos y rusos sobre todo, contrataran y le prestaran al chavismo sin temores jurídicos” informó el constitucionalista Luis Herrera Orellana. 

Hoy día, la imagen del TSJ sigue muy deteriorada, tal como se evidencia en el informe “Estado de Derecho, institucionalidad democrática y Derechos Humanos en Venezuela” publicado el mes pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual responsabiliza al máximo juzgado de la ola de protestas desatadas. “La crisis que atravesó Venezuela durante este año obedece a un conjunto de factores, entre los que ocupan un lugar central las serias injerencias del Poder Ejecutivo y Judicial en el Legislativo”, se lee en el reporte. 

Se conoce que las protestas que se desataron a partir de los innnumerables errores del TSJ, provocaron al menos 131 fallecidos, de los cuales el 25% fueron responsabilidad de agentes policiales y militares; más de mil heridos y cinco mil detenidos, esto de acuerdo a las cifras manejadas por el Ministerio Público quien era comandado por Luisa Ortega Díaz. 

Isabella Calderón

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