A un año de las protestas que enlutaron a más de 100 familias, Maduro sigue perpetuando en el poder

En abril del año pasado comenzaban cuatro meses de protestas contra el régimen que dejaron más de 100 muertos y miles de heridos. Ahora, un año después, el dictador Nicolás Maduro se prepara para lograr la reelección en los comicios del 20 de mayo frente a una oposición desarticulada.

El malestar popular estalló apenas comenzado abril de 2017, pero el detonante se produjo el día 4 de ese mes cuando una gran movilización hasta la Asamblea Nacional (Congreso) fue reprimida con gases lacrimógenos y golpes de la policía para impedir su llegada hasta la sede legislativa, en el centro de Caracas.

Unos días antes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había emitido dos sentencias que despojaron a la Asamblea de sus atribuciones, lo que provocó la reacción de la mayoría opositora, que calificó los fallos como un golpe de Estado.

La manifestación del 4 de abril fue impedida por la fuerza, así como todos los siguientes intentos que hizo la oposición para llegar al centro de la ciudad, ya que las fuerzas del orden utilizaron su arsenal para contener las marchas, alegando que los manifestantes no habían solicitado permiso de las autoridades.

La autopista Francisco Fajardo, que une el este y el oeste de Caracas, fue el escenario de múltiples escaramuzas, siendo la vía más utilizada en el intento opositor de llegar al centro.

Las protestas se repitieron y llegaron a esparcirse por varias de las 23 regiones del país. Cada semana se anunciaban concentraciones y marchas que tuvieron el mismo desenlace: muertos y heridos y denuncias de atropellos de los cuerpos de seguridad.

Organizaciones no gubernamentales denunciaron violaciones de los derechos humanos durante las protestas y varios funcionarios del régimen fueron sancionados por Estados Unidos.

Las protestas se prolongaron hasta el 30 de julio, cuando se celebró en Venezuela la votación de los miembros de una Asamblea Constituyente convocada por Maduro, que quedó totalmente dominada por el chavismo y asumió de hecho las facultades de la Asamblea Nacional.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) avaló la elección, alegando una participación de 8,3 millones de votantes. Además quedó en el centro de la controversia política después que la empresa Smartmatic, que le facilitaba servicios informáticos, denunciara que las cifras de participación fueron alteradas e infladas.

La Constituyente, que dijo tener poderes plenipotenciarios, convocó en 2017 las elecciones de gobernadores y alcaldes y este año fijó las presidenciales para el 22 de abril, que luego mudó para el 20 de mayo.

En los comicios de mayo, Maduro buscará una reelección apoyado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el movimiento Somos Venezuela, creado por la ex canciller Delcy Rodríguez, también jefa de la Constituyente.

Aunque Maduro tiene un amplio rechazo en las encuestas, debido a los efectos de la hiperinflación y el estancamiento económico, se ha visto beneficiado por la desarticulación de la oposición, cuya coalición Mesa de Unidad Democrática (MUD) declinó participar en las elecciones y decidió boicotearlas, dejando con limitado apoyo al candidato Henri Falcón.

Maduro sostiene que la Constituyente llevó la paz al país, ya que desde el 30 de julio quedaron paralizadas las movilizaciones contra el Gobierno más allá de algunos tímidos intentos opositores.

La Fiscalía General, cuya titular Luisa Ortega Díaz fue destituida por la Constituyente, estimó el saldo de las protestas del año pasado en 122 muertos. La organización defensora de derechos humanos Provea contabilizó 139 muertos hasta el 14 de agosto de 2017.

Por su parte, un informe de la organización Foro Penal Venezolano, una ONG que asiste a víctimas de violaciones de los derechos humanos, denunció en febrero de este año "la respuesta abusiva y desproporcionada" de los cuerpos de seguridad del Estado en las manifestaciones del año pasado y de grupos civiles armados conocidos como "colectivos".

El reporte también apunta a una "conducta parcializada" por parte de los órganos de administración de justicia, que en su opinión actuaron siguiendo directrices de altos funcionarios del Gobierno no ajustadas a derecho.

Vía dpa

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