Once alcaldes de la MUD han sido apartados de sus cargos por fallos del TSJ


Once alcaldes de la MUD han sido apartados de sus cargos por fallos del TSJ

La destitución de sus cargos e inhabilitación política hacia alcaldes pertenecientes a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha aumentado de manera drástica en los últimos meses, luego que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) los declarara en “desacato” en el ejercicio de sus funciones, por el “delito” de tolerar el cierre de vías en sus jurisdicciones durante manifestaciones antigubernamentales que se llevaron a cabo por más de cuatro meses en Venezuela.

Para el politólogo Guillermo Tell Aveledo, independientemente de sus ideologías, los alcaldes no pueden estar por encima de los DDHH de los vecinos que habitan en sus jurisdicciones, en referencia al derecho a la protesta pacífica establecido en la Constitución de la República. Declaró a Prensa Unidad que en la mayoría de los casos antes mencionados, los burgomaestres “contribuyeron con el arbitraje entre vecinos para tratar de restaurar la paz en situaciones difíciles” que se pudieron suscitar dentro de sus localidades durante más de cuatro meses de acciones de calles.


En este sentido, precisó que si el gobierno de Nicolás Maduro estuviera realmente interesado en preservar la “paz social” en la nación, no estaría terminando con las “estructuras que garantizan el disenso pacífico en Venezuela”. Resaltó que, además de violar los derechos legales de estos dirigentes, también se está realizando una “persecución política concreta” ya que hay municipios que no están manejados por la derecha venezolana, donde hubo protestas severas y esos alcaldes no están siendo acosados o afectados.

Desde el 25 de julio, fecha en la que máximo órgano judicial citó al mandatario local anzoatiguense, alcaldes por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) han sido condenados bajo el mismo estándar de veredicto: Alfredo Ramos (Iribarren, Lara); Gustavo Marcano (Diego Bautista Urbaneja, Anzoátegui); Carlos García (Libertador, Mérida); Ramón Muchacho (Chacao, Miranda) y David Smolansky (El Hatillo, Miranda).

“El interés, evidentemente, es político-partidista y lo que se refleja aquí, es cómo se han sometido las instancias del Estado central a las directrices del partido de turno (PSUV)”, sostuvo Tell Aveledo. Para el experto en política, estas situaciones solo evidencian que el país atraviesa una “absoluta ausencia de garantías que responden a la lógica de estos dos años de ruptura continuada y creciente del hilo constitucional”.

Creciente represión política


Según Guillermo Tell Aveledo, el país está ante un clima de represión política más avanzado y fuerte, en comparación a los años 2014- 2015, porque no solo se persiguen a los burgomaestres, sino que también se amenaza al presidente de la Asamblea Nacional (AN) y se “destituye” a la Fiscal General de la República.

“El gobierno va ir estirando la represión a los alcaldes y a todo político disidente, en cuanto tenga la seguridad de que los costos de esa decisión son menores que la necesidad de imponerse a sangre y fuego. Además, de su propia lógica revolucionaria, no olvidemos que también hay un elemento de orgullo y excesiva confianza dentro del Estado PSUV para cometer sus acciones”, aseveró.


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