¡HASTA QUE LA DISOLVIERON! Los ataques que sufrió la Asamblea Nacional desde su victoria con mayoría calificada opositora

El 6 de diciembre de 2015 la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ganó la mayoría calificada en las elecciones parlamentarias, hecho que marcó la historia política de los últimos años y que le ha costado caro. La Asamblea Nacional ha sido víctima de un juego de artimañas legales que son dictadas por el régimen de Nicolás Maduro y ejecutadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), además de la fraudulenta asamblea nacional constituyente (ANC).

El 30 de diciembre de 2015, menos de un mes de la victoria opositora, el TSJ decidió admitir recursos legales para impugnar y suspender los resultados de los comicios en el estado Amazonas en los que los diputados Nirma Guarulla, Julio Ygarza, Romel Guzamana y Miguel Rodríguez fueron electos. Desde ahí inició una escalada de ataques contra el Parlamento, la más reciente es la apropiación de funciones legislativas por parte de la ANC.

A pesar de la sentencia del TSJ, la Asamblea Nacional juramentó a los tres diputados opositores de Amazonas en la sesión ordinaria del 6 de enero de 2016 con base en el artículo 185 numeral 20 en el que al ente legislativo le corresponde “calificar a sus integrantes” luego del acto de proclamación realizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Luego de este acto el ente judicial decidió declarar al legítimo Parlamento venezolano en desacato hasta tanto no desincorporaran a los parlamentarios, desde ese entonces las acciones de los 112 diputados no se han reconocido.

Culminó 2016 y llegó 2017 sin que hubiera finalizado el desacato, tampoco solución del caso de los diputados de Amazonas en la Sala Electoral del TSJ.

El 5 de enero de 2017 se juramentó una nueva junta directiva del Parlamento, desconociendo el supuesto desacato expresado por el máximo tribunal del país. La acción no agradó en el TSJ y el 11 de enero de 2017 la Sala Constitucional declaró la nulidad de todas las acciones de la Asamblea Nacional debido a que, a su juicio, “persisten en el desacato”.

El Poder Judicial argumentó que durante la instalación de la junta directiva 2017 el Parlamento “violó su propio Reglamento Interior y de Debates”. Aseguraron que debido a la imposibilidad de la Asamblea Nacional de “realizar actos válidos” se declaraba la omisión inconstitucional.

La Asamblea continuó siendo un foro de debate político sin validez ante los demás poderes públicos hasta que el TSJ llevó la arremetida a otro nivel: atentó contra la inmunidad parlamentaria y le quitó sus funciones legislativas consagradas en la Constitución.

La Sala Constitucional emitió el 28 y el 29 de marzo dos sentencias que desencadenaron la etapa más larga de protestas antigubernamentales en Venezuela. En menos de 48 horas la Sala asumió las funciones legislativas de la Asamblea Nacional mientras ésta se negara a acatar las decisiones del TSJ.

Bajo la excusa del desacato, la Sala interpretó un recurso introducido ante el Poder Judicial sobre un artículo de la Ley de Hidrocarburos que afirmaba que la constitución de empresas mixtas requiere la aprobación de la Asamblea Nacional, pero el TSJ argumentó que la Asamblea Nacional está actuando “de facto” y no podía modificar ni establecer condiciones con respecto a estas asociaciones.

Se ordenó al presidente Nicolás Maduro tomar medidas en todos los ámbitos necesarios para evitar un estado de conmoción, con lo que también podía revisar leyes en distintas materias penales. Además la Sala indicó que para garantizar que se cumplieran las competencias parlamentarias ella ejercería las funciones del Parlamento o designaría un órgano para que lo hiciera.

Las decisiones constituyeron un golpe de Estado a los más de 14 millones de venezolanos que escogieron el Parlamento y también una ruptura del orden constitucional, reconocida por la Organización de Estados Americanos y denunciada por la fiscal general Luisa Ortega Díaz.

Las sentencias, que luego fueron “aclaradas”, desencadenaron cuatro meses de protestas antigubernamentales en las que, entre muchas otras peticiones, se exigía el respeto a la autonomía de la Asamblea Nacional, un asunto que se trató en el diálogo de octubre de 2016 y que ha sido solicitud de decenas de países y parlamentos.

Este viernes 18 ocurrió el golpe más reciente a la institucionalidad de la Asamblea Nacional propiciado por la fraudulenta ANC convocada por Nicolás Maduro.

La ANC, electa bajo denuncias de fraude y manipulación de votos e instalada en el Palacio Federal Legislativo, asumió las funciones de la Asamblea Nacional legítima luego de que convocaran a la junta directiva del Parlamento a una sesión para que la reconocieran como poder originario y se subordinaran a ella.

La decisión reedita las sentencias de la Sala Constitucional y hace que la fraudulenta ANC se apropie de las atribuciones constitucionales del Parlamento por al menos dos años, tiempo en que funcionará el poder inconstitucional.

La posición de la Asamblea Nacional ha sido la misma antes y después de que se constituyera la ANC: desconocer cualquier acción o decreto de la constituyente porque es un órgano que actúa al margen de la Constitución de 1999. 

La constituyente desplazó a la Asamblea Nacional como ente legislador de Venezuela. A pesar de las acciones inconstitucionales de la ANC, el Parlamento continuará ejerciendo sus funciones legislativas y hay prerrogativas que siguen existiendo como la inmunidad parlamentaria. Las sesiones y decisiones que tome la Asamblea seguirán siendo desconocidas.

Así como pasa con el Ministerio Público, que tiene un fiscal ilegítimo, habrá dos Asambleas: una reconocida democrática e internacionalmente y otra impuesta por el gobierno. 

Ataques que superaron lo legal 

Por más de 10 meses la Asamblea Nacional funcionó en un supuesto desacato y con denuncias del gobierno, principalmente de líderes como Diosdado Cabello, de que recuperarían ese espacio. Las advertencias se han vuelto realidad en varias ocasiones.

El 24 de octubre de 2016 una turba violenta encabezada por Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, ingresó a la sede del Parlamento mientras los diputados realizaban una sesión para discutir el juicio político contra Nicolás Maduro. Los colectivos violentos causaron destrozos en el interior del Parlamento.

Ocho meses después, los colectivos volvieron a arremeter contra el Palacio Federal Legislativo el 27 de junio de 2017. Los violentos, identificados como seguidores del oficialismo, detonaron artefactos explosivos hacia el interior de la Sede del Parlamento e intentaron entrar de forma violenta al recinto.

Pasarían unos días para que se viviera el ataque que, hasta ahora, ha sido el más agresivo. El 5 de julio, fecha histórica en la que se conmemoró el 206 aniversario de la Declaración de la Independencia venezolana, un grupo de colectivos armados asedió la sede del Palacio Federal Legislativo durante más de ocho horas e ingresaron para arremeter contra todos los que participaban en la sesión extraordinaria. Los paramilitares identificados con el colectivo Movimiento Revolucionario 23 de Octubre agredieron a diputados, trabajadores del parlamento, periodistas y músicos invitados. Los parlamentarios Américo De Grazia, Armando Armas, Juan Guaidó, Luis Padilla, Nora Bracho y José Regnault fueron víctimas de los ataques, los dos primeros tuvieron que ser llevados de emergencia a centros de salud por los golpes que recibieron. Tras los hechos se reportaron nueve trabajadores de la Asamblea Nacional heridos.

Vía El Nacional

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