El costo de declarar el régimen dictatorial

La declaración de la Asamblea Nacional de que el régimen bolivariano hirió de muerte a la democracia podría alterar el juego político en Venezuela, primero al descartar finalmente la noción de que el chavismo permitiría una salida electoral a la crisis, y segundo al disparar los costos de las transnacionales de seguir operando en el país.
La decisión de la Asamblea Nacional fue tomada luego de que las Cortes chavistas arrebataran a los diputados la facultad constitucional de aprobar el presupuesto nacional, para luego negarle a los venezolanos el derecho de votar este año para destituir al gobernante Nicolás Maduro en un referendo revocatorio.

Para la Asamblea Nacional —dominada por los partidos de la oposición— esas acciones terminan por romper el hilo constitucional y disipar cualquier duda que pudiera existir de que en Venezuela rige un régimen dictatorial.

Y son muchos los expertos que están de acuerdo con ese pronunciamiento.

“Esto es un golpe de Estado, sin la menor duda. Ya estamos en una dictadura pura y simple”, manifestó desde Caracas el excanciller Armando Durán.

“El gran invento del expresidente Hugo Chávez fue adornar su gobierno, totalmente autoritario, totalmente hegemónico, totalmente dictatorial, con las formalidades más informales de la democracia. Pero llegado a este punto, ya no hay adorno democrático que valga. El régimen pasó a tomar al toro por los cuernos” para asumir sin disimulos su carácter de dictadura, agregó el excanciller.

Aunque visto como un paso en la dirección correcta, algunos piensan que la declaración de la Asamblea Nacional llega algo tarde, produciéndose —por ejemplo— meses después de que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, realizara el mismo pronunciamiento citando la falta de independencia de los poderes, la total parcialización de las Cortes con el régimen, las graves limitaciones a la libertad de prensa, y las serias violaciones a los derechos humanos.

Pero los expertos consultados manifestaron que eso no quiere decir que la declaración sea insignificante.

“Ya abierta y formalmente se puede hablar de que en Venezuela no hay una democracia”, comentó desde Londres Diego Moya-Ocampos, analista senior para América Latina de IHS Global Insight.

Eso es importante porque para los sectores empresariales, particularmente para las empresas transnacionales, todavía quedaban dudas sobre si en Venezuela todavía había una democracia, aunque ésta mostrara serias fallas.

Y las declaraciones de la Asamblea tienen consecuencias importantes para las trasnacionales, porque de seguir operando con un país formalmente declarado como no democrático les eleva considerablemente el riesgo.

“A partir de este momento, a partir de la declaratoria de la Asamblea Nacional sobre la ruptura del hilo constitucional, cualquier empresa que suscriba un contrato de deuda o de cualquier compromiso, ya sea con el gobierno o con cualquier empresa pública, incluyendo a PDVSA, corre el riesgo de que el préstamo o el proyecto sea declarado posteriormente de nulidad absoluta”, explicó Moya-Ocampos.

“Eso es gravísimo, porque eso quiere decir que ya las empresas no tienen certeza en el momento de realizar transacciones, o las contrataciones”, dijo al agregar que podría terminar por llevar a algunas trasnacionales a salir del país e impactar las operaciones de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Uno de las operaciones que podrían verse afectadas es el canje de $5,000 millones en bonos que vencen el próximo año. La operación, vista como esencial para evitar un proceso de impago el próximo año, hasta el momento no ha registrado grandes interesados, y el pronunciamiento de la Asamblea eleva aún más el riesgo asociado con la operación en los ojos de los inversionistas.

El incremento del riesgo también es sustancial para las empresas extranjeras que continúan sus operaciones en Venezuela.

“Todas las empresas ahorita van a tener que replantearse su relación contractual con el gobierno. […] Esto va a incrementar significativamente el costo del endeudamiento y de hacer negocios en Venezuela. También va a llevar que las primas de los seguros suban significativamente”, indicó Moya.

La declaración emitida el domingo por la Asamblea Nacional abre la puerta a la posibilidad de que la oposición venezolana cambie de estrategias para combatir el autoritarismo de Maduro.

“El camino electoral se agotó y ahora toca la calle”, comentó Moya. Esto es así porque ahora ya ha quedado en evidencia de que las instituciones democráticas venezolanas han sido desmanteladas sistemáticamente durante los 18 años que ha gobernado el chavismo hasta el extremo de que han dejado de operar, agregó desde Caracas el escritor, abogado y ex diputado Nelson Chitty La Roche.

“El peor daño que le hizo Chávez a la republica no fue arruinarla, que ya era bastante grave, sino contaminar definitivamente su institucionalidad”, manifestó Chitty.

“El drama que tiene hoy Venezuela es que ya no tienen instituciones, las que están no son creíbles de modo que vivimos una situación de hecho y una fachada de derecho”, agregó.

Para el ex parlamentario, esta situación ha introducido a la democracia venezolana en un callejón sin salida donde no encuentra los instrumentos institucionales para poder superar su crisis.

Y en ese contexto y debido a su elevada impopularidad, a Maduro solo le quedará asumir sin más disimulos su papel de dictador.

“Yo temo que en los próximos días impidan que la Asamblea Nacional labore, va a ser una medida de hecho al comienzo pero es seguramente una cosa que estos ‘mamelucos del castro comunismo van a realizar”, expresó Chitty La Roche.

Los continuados pasos asumidos por el régimen de Maduro de no permitir una salida electoral a la crisis venezolana incrementa el riesgo de violencia en Venezuela, particularmente ante la elevada impopularidad del régimen.

Preocupado de que esto suceda, el Vaticano anunció que está dispuesto a mediar una reunión entre representantes del régimen y de la oposición, en un encuentro previsto para el 30 de octubre en la isla Margarita.

El Nuevo Herald

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